Más allá de nuestros tradicionales problemas que nos aquejan de desempleo, crisis económica, falta de medicamentos, etc., hay uno que en particular golpea por igual a todos los sectores sociales y es la imparable delincuencia que vivimos a cada día. Es más, parece a veces que lo único organizado en este país es la criminalidad. La autoridad de todos los niveles está francamente rebasada, cuando no enteramente coludida con ella.

 

Parafraseando a la oración que inicia a esa famosa novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la catedral (1969), valdría la pena preguntarnos: ¿Cuándo se jodió México? Porque no es que se trate de nuestra sociedad acostumbrada a vivir en las penurias de la delincuencia, misma que ha ido escalando hasta llegar a niveles inimaginables de su consecuencia más indeseable: la violencia. Y no, no se trata simplemente de los históricos robos a mano armada, carteristas o robo de piezas de autos. Ahora, cada día amanecemos con noticias de asesinatos masivos en lugares públicos, como por ejemplo en Coatzacoalcos, Minatitlán, Cuautla, Uruapan, Nuevo Laredo, Ayotzinapa, etc. Y así podríamos dibujar todo el territorio nacional, tristemente.

 

Las imágenes y noticias que vemos en los diarios o televisión de cadáveres colgando de puentes, gente decapitada o desmembrada, tambores con restos humanos en ácido o fosas clandestinas con decenas o hasta cientos de cadáveres, ya no nos impactan y creo que hasta ni nos mortifican. En 1997, el Gobierno Federal comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas del país. Y según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer cuatrimestre del año se rompieron todos los récords habidos y por haber con 11,221 homicidios dolosos registrados. Ello, sin tomar en cuenta a los miles de desaparecidos que oficialmente no van a la cifra de asesinados pero que todos sabemos en un altísimo porcentaje se trata de gente que jamás se volverá a ver.

 

Para darnos una idea de la muy delicada situación de seguridad pública que enfrentamos, vemos que durante el último año del sexenio de Peña Nieto que fue en 2018, se contabilizaron 33,368 homicidios, para ser el año más violento de que se tenga memoria. Pues bueno, en este 2019 de seguir la tendencia actual se rompería y por mucho esa cifra. El Presidente López Obrador se empeña en decir en sus conferencias mañaneras y cuanta entrevista haga, que la violencia va a la baja y va a mejorar todo. Pero francamente no se nota ni un ápice de ese cambio prometido.

 

Tomemos en cuenta que los homicidios son de esa clase de delitos donde la cifra negra es muy baja. Esto es, un cadáver es difícil que se olvide o no se apunte. Al igual que como sucede por ejemplo en el robo de autos donde la existencia de los seguros fuerzan a su señalamiento, en los asesinatos algún familiar cuando menos va a denunciar la desaparición de la persona, sino es que le dan seguimiento de forma mínima al caso para recuperar los cuerpos.

 

¿Y de quién es culpa toda esta situación? Obviamente la criminalidad rampante no inició en este sexenio. Durante décadas ha habido una convivencia rutinaria entre la clase política y los líderes delincuenciales, que en no pocos casos son las mismas personas. Ya ni nos inmuta ver a una cantidad enorme de ex gobernadores aprehendidos por sus desfalcos o nexos con narcotraficantes. En muchos de esos sucesos, son perseguidos y enjuiciados no por las autoridades mexicanas, sino por las estadounidenses quienes detectan sus delitos y los castigan por pretender lavar su dinero en aquel país. Hay ex procuradores de justicia y funcionarios de alto nivel de los órganos de combate a la delincuencia, presos o enfrentando procesos por estar precisamente inmiscuidos en los delitos que ellos se supone se encargarían de combatir.